España: El PP impone su mayoría para eliminar la Justicia Universal. Sin consenso, con celeridad y "alevosía" da carpetazo a este principio de la justicia

El Congreso de los Diputados ha aprobado con la mayoría parlamentaria del Partido Popular una proposición de ley que restringe la llamada Justicia Universal, es decir, las oportunidades que tienen los jueces españoles de investigar delitos cometidos fuera del  territorio nacional. La iniciativa supondrá el archivo con carácter retroactivo de varias causas abiertas en la Audiencia Nacional, lo que ha sido calificado de inconstitucional por todos los partidos de la oposición. 

Joaquín Mulén analiza este tema con Sonia Ortiga,  abogada y miembro del partido Equo y Javier Couso, activista contra la impunidad. Sonia Ortiga, destaca que esta iniciativa del gobierno de Rajoy se ha hecho "con urgencia de procedimiento, por decreto y sin pedir informes a nadie". Otiga lo califica como una "auténtica deshumanización" y un terrible "retroceso a nivel internacional" que llama más la atención si tenemos en cuenta que en este campo de la Justicia en la que España fue en otros momentos pionera y modelo mundial. Javier Couso, hermano del reportero gráfico asesinado en Bagdad en 2003 por militares estadounidenses, expresa su "rabia e indignación" ante esta reforma legal que permitirá que casos como el de José Couso se cierren dando carpetazo a la justicia y a la reparación de las víctimas.También se frenarán causas como la investigación de las posibles escalas de los vuelos secretos de la CIA en territorio español o el genocidio de Guatemala.

La medida puede entrar en vigor, según Ortiga dentro de solo unos meses, y es alarmante que no se "hayan pedido informes a otros órganos, no se haya escuchado a los expertos " y que se saque gracias a la "mayoría absoluta" del PP.  Couso denuncia también al partido político en el poder en España, acostumbrado "a proteger la impunidad"y señala que éste es el "segundo país con más desaparecidos, por el régimen de franco, en el que nunca han sido juzgados los culpables".

España: la batalla de la luz

Empieza el año en España con una nueva subida de la tarifa eléctrica y una guerra, al menos en apariencia, entre las empresas eléctricas y el gobierno de Rajoy. En  este programa de Enfoque damos luz a las muchas sombras que oscurecen este asunto. De fondo, hay intereses económicos que desde los lobbies amarran a la política. Partidos, asociaciones y usuarios denuncian el poder de las eléctricas, sus prácticas y el hecho de que los españoles paguen una de las facturas de la luz más caras de Europa.

Lo más grave en España, es que la liberalización se ha traducido en un brutal encarecimiento de la factura que sitúa el país entre los más caros de Europa. Héctor Cuevas, integrante del partido Equo, destaca que "con la liberalización se suponía que iban a bajar los precios de la luz, pero lo que han hecho es subir un 80%" y esto es así - puntualiza Cuevas- porque existe un oligopolio de empresas que quieren mantener altos beneficios". El economista Jorge Rochet critica la falta de transparencia en las subastas que fijan el precio de la luz y denuncia que "están manipuladas y protagonizadas por mayoristas internacionales que lo que hacen es utilizarlas como un producto financiero más".


Cuevas denuncia que el ministro José Manuel Soria tiene muchas respuestas de lo que ha sucedido en torno a la última semana  y denuncia que "hay indicios de que se ha manipulado el precio de la luz".  Rochet apunta a los beneficios de las eléctricas -el doble en España que en los países del entorno- y llama la atención sobre la situación de viven familias  sumidas en la crisis y que tienen que afrontan las sucesivas subidas de la luz y ven como en pleno invierno les "cortan el suministro o no pueden encender las calefacciones.

España: una ley mordaza para intentar acallar la calle

Cuando alguien no quiere escuchar puede taparse los oídos, o callar la boca de quien habla. Esto último parece ser la opción de Rajoy y su Ley de Seguridad Ciudadana: un texto redactado en paralelo a la reforma del Código Penal con el que el Gobierno quiere acabar con las protestas ciudadanas, la grabación de excesos policiales y otras realidades que restan credibilidad al Ejecutivo y a su política de recortes.

La oposición ha lanzado el grito al cielo ante un proyecto que es en realidad una "ley mordaza" para acallar las críticas y protestas sociales contra el gobierno de Rajoy.  Ramón Linaza, de Equo, destaca que "el nombre de la ley debería ser Ley de Represión Ciudadana" y que "muchas personas van a ser sancionadas por ejercer la libertad de expresión".

También coincide Lorena Müller-Nischt, de ¡Democracia Real YA!, en esta idea de que "la ley vulnera derechos fundamentales como la libertad de manifestación y la de información" y califica al Ejecutivo de "gobierno dictatorial". Añade Müller-Nischt que esta amenaza contra la libertad de expresión es un auténtico "manotazo de quien está desesperado porque no tiene razón" y eso muestra que "el Gobierno está en las últimas."

La Ley de Seguridad Ciudadana prevé multas de hasta 600.000 euros para acciones como la grabación y difusión de imágenes de agentes de seguridad, también recoge multas para los que convoquen, dirijan y participen en concentraciones sin autorización, además la policía podrá inmovilizar a cualquier ciudadano hasta que compruebe su identidad. Distintas voces hablan de una auténtica vuelta a la dictadura franquista y sus normas. "Las elites querrán dominar al pueblo y la única respuesta -defiende Ramón Linaza- es persistir, llenar calles con Asambleas, convocar manifestaciones e incluso interponer recursos judiciales." "Y -añade el co-portavoz de Equo- "si es necesario, habrá que acudir al Tribunal de Estrasburgo".

Si el gobierno de Rajoy pretende acallar la voz de la calle con esta Ley este sábado 23 de noviembre la movilización ciudadana puede mostrar hasta dónde llega la indignación en España. Linaza invita a "llenar las calles con el activismo, la rebeldía de la juventud y la participación de todos los sectores sociales" junto a  Müller-Nischt que deja claro que los ciudadanos "solo pedimos democracia" y "estaremos este sábado en la calle contra la banca, a favor de los servicios públicos y de los ciudadanos".

España: la energía a debate

Este programa de Enfoque se centra en la privatización del Sol en España que pretende el gobierno del Partido Popular a través de un impuesto, un debate abierto que tiene a los españoles "calentitos". España sería así el único país del mundo que cobre por el uso del Sol. El gobierno español privatiza el Sol y bloquea la energía minieólica, sube la tarifa de la luz en octubre y, además, el PP se plantea una reforma del gas que implicará una nueva subida de precios. Entretanto, en un país con miles de horas de Sol se pone freno a la producción de energía solar por parte de los ciudadanos y se penalizan las energía limpias y el autoconsumo. Después de numerosas medidas que las perjudican, el gobierno ha dado un golpe mortal a las energías renovables. Equo reclama al Ministerio de Industria, Energía y Turismo que elimine el 'peaje de respaldo' incluido en el proyecto de real decreto de autoconsumo, después de que la Comisión Nacional de la Energía haya publicado un informe en el que rechaza este gravamen.

Henry Molano entrevista en plató a Héctor Cuevas, de Equo que denuncia que con ello el PP busca "proteger a las grandes eléctricas, su posición actual y sus beneficios porque el autoconsumo erosiona esta posición de privilegio". Así se castiga al ciudadano con "grandes multas al que tenga placas solares para el autoconsumo sin permiso". Además resalta que la "factura eléctrica en España es tiene precios inflados y excesivos que la convierten en uno de los países europeos con la energía más cara" para el ciudadano.  Cuevas expone la contradicción que existe en este punto, ya que "la tecnología de España es comparable a la de otros países europeos, pero el precio de la factura energía es de las más caras. Están inflados lo precios y no se hace de desde el gobierno una auditoria sobre los costes reales".

Jorge Morales, director general de GeoAtlanter, destaca este ataque a la energía solar con "un peaje de un 27 por ciento superior a la del consumo normal". Morales critica igualmente que no se "conozcan los costes reales de generación de electricidad" con lo que, en realidad, "estamos pagando una factura ilegítima". Además, Morales defiende que "las renovables ya no son sólo la alternativa, sino la primera opción y esto duele" a quienes controlan este oligopolio".

Jorge Morales advierte que "no se puede engañar tanto tiempo ni a tantas personas" y destaca la labor de la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético, que lucha por cambiar este modelo y denuncia "las puertas giratorias entre políticos y responsables en los consejos de administración de las eléctricas y para concienciar desde abajo, desde la propia ciudadanía". También apunta desde Equo, Héctor Cuevas, que "hay una larga lista de políticos en puestos que tienen que ver con decisiones en el mercado energético que cuando terminan sus mandatos pasan a ser consejeros delegados de grandes eléctricas".

España: una Ley de Transparencia aprobada con críticas de la oposición por opacidad y partidismo

Sin consenso y con reproches, el Congreso de los Diputados español ha aprobado la Ley de Transparencia y del Buen Gobierno. Esta norma se crea para facilitar el acceso a la información y ha sido aprobada en el Congreso con el apoyo de PP, CiU, PNV y Coalición Canaria. Pero tiene en contra a toda la oposición de izquierda, es decir, PSOE, IU, y también UPyD y gran parte del grupo mixto.En este programa de Enfoque se analizan y debaten los principales puntos de La Ley de Transparencia recién aprobada en el Congreso de los Diputados de España y que ahora pasa al Senado español.

Críticas de la oposición por opacidad y partidismo
Esta ley  impulsada por el Gobierno de Rajoy para combatir la corrupción política y fomentar la regeneración democrática tras casos judiciales como el de la trama Gürtel cuenta con una fuerte oposición parlamentaria que el PP ha logrado eludir con su mayoría absoluta. Hay una fuerte crítica social y pública a la opacidad y partidismo de esta Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno.

Nuria López Blázquez, miembro de  la Mesa de Madrid de Equo defiende que esta "ley de transparencia es el resultado de todos los casos de corrupción" que han infectado la vida política española en los últimos meses y "responde a una necesidad alentada por la ciudadanía". López Blázquez afirma que, en realidad, esta ley es "una coartada para la opacidad. El verdadero fallo es que no contempla el derecho a la información como un derecho fundamental. No existe un órgano de control real, porque no vale uno dirigido por alguien al que han nombrado los propios partidos".
Desde Equo se habla de"transparencia en las instituciones y en todos los organismos donde entre dinero público y se plantea desde su propia web pedir el visto bueno directamente a los ciudadanos". Esta formación ha puesto en marcha el primer proyecto de democracia directa en España, para invitar a todos ciudadanos a participar de forma constante y diaria en las decisiones parlamentarias y no solo cada 4 años con una papeleta electoral. Este es el enlace de la propuesta https://congresotransparente.com/ donde tienes más información.

Pedro Zerolo, secretario de Movimientos Sociales del PSOE de Madrid, cuestiona "el fondo y la forma" de la ley que "tal y como está ahora defrauda las expectativas de la ciudadanía". Además deja claro que el momento en el que sale adelante esta norma precisamente "el PP hace gala de no transparencia, como cuando atiende a las ruedas de prensa a través de una pantalla de plasma o cuando no contesta preguntas". Además, Zerolo llama la atención sobre un aspecto llamativo de esta Ley de Transparencia en la que se incluye "el silencio administrativo negativo por el que si el gobierno quiere no responde a los ciudadanos", un hecho insólito. El secretario de Movimientos Sociales del Partido Socialista resalta la línea de trabajo abierto desde la izquierda de "exigir el silencio administrativo positivo". Es decir "si la administración no te contesta se interpreta que la petición de un ciudadano está concedida". Sin embargo con la introducción en esta ley del "silencio administrativo negativo si el gobierno no te contesta es que te deniega la petición". Zerolo aporta datos interesantes como que "en España, hoy sólo se contesta el 50 por ciento de lo que se pregunta a la Administración. Y el 20 por ciento de las respuestas no tienen nada que ver con la pregunta original. Sólo obtiene respuesta, pues, una de cada cuatro preguntas".