El
Tribunal Constitucional dominicano ha emitido una sentencia que no reconoce la nacionalidad a los hijos de inmigrantes extranjeros en situación irregular nacidos desde 1929. Eso en la práctica ha supuesto ya la retirada de nacionalidad a 250.000 descendientes de haitianos, una decisión que ya ha sido criticada por
Haití y varios países del Caribe y del Caricom. Y aunque atañe a casi medio millón de personas, el fallo afecta directamente a tres generaciones de dominicanos de origen haitiano, hijos en su mayoría de jornaleros legalmente contratados durante el último siglo por la industria local para cortar la caña de azúcar.
Vanessa Mora, de la
Asociación Española de Dominicanos y Dominicanas de Ultramar, denuncia que "el Tribunal Constitucional se ha extralimitado y la sentencia es injusta". También destaca que hoy en día "en el país ahora hay un millón de haitianos sin papeles".
Es un problema de frontera que hay que arreglar. Se trata de un millón de trabajadores sin papeles y sin derechos". Además, deja claro Mora que el "trabajo que están haciendo los haitianos en el campo es el que los dominicanos no quieren hacer".
Abuy Nfubea,
periodista y analista, resalta que la situación de los haitianos que han levantado la industria del azúcar con su trabajo viven situaciones de "
esclavitud pura" y pone de manifiesto que "los empresarios que los contratan suelen ser españoles con cadenas de hoteles en el Caribe que siguen tratando a los trabajadores como les trataban hace 300 años". Nfubea pone en relieve que esta "ley incide en una tradición que existe en
República Dominicana y su marco nacional de identidad. En una reunión de la OEA el representante dominicano llegó a decir que en el país no existían negros. Es muy grave lo que está pasando y el racismo que existe en este país". La percepción de la sociedad es muy diferente a la postura de las instituciones y los ciudadanos dominicanos, según
Vanessa Mora, y "se preguntan qué va a pasar y qué consecuencias va a tener esta ley".
Joaquín Mulén entrevista a Abuy Nfubea, presidente de la Asociación Panafricanista en España, y a Santiago López Rodríguez, responsable de Proyectos de Cruz Roja Española en Haití. Nfubea denuncia que tres años después del terremoto la situación sigue siendo igual de mala porque gran parte del dinero que llega de la comunidad internacional alimenta a la clase corrupta local y a todo un grupo de intermediarios. López Rodríguez se defiende diciendo que la ayuda humanitaria sí ha servido y que, aunque la situación aún es dura, no es justo culpar a los donantes.