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lunes, 21 de julio de 2014

España: El gobierno impone su Ley Mordaza


Con estivalidad y alevosía así ha impuesto el gobierno del PP la Ley Mordaza. Y lo ha hecho pese a la oposición de grupos parlamentarios, de los juristas y de los ciudadanos y con distintos informes en contra de organizaciones e instituciones.

El Consejo de Ministros  lo ha anunciado este viernes 11 de julio, de tapadillo y a hurtadillas para intentar evitar las manifestaciones en la calle que esta Ley llamada de Seguridad Ciudadana coarta y criminaliza. Pero la respuesta llega inmediatamente y plataformas, asociaciones y partidos políticos han comenzado la movilización frente a este atropello de derechos.

En este Enfoque presentado por Henry Molano  Endika Zulueta, abogado penalista, y Elena Martínez, portavoz de Coordinadora 25S analizan las principales medidas de esta ley y la estigmatización y criminalización de quienes disienten y protestas por lo que Zulueta describe como un "golpe de Estado" al sistema del Bienestar y a los derechos y libertades de los ciudadanos. Martínez  señala que la dirección de "este régimen" elude los graves problemas de pobreza, paro, recortes, desahucios y desigualdad y para acallar las protestas "amordaza a las personas".






viernes, 20 de diciembre de 2013

España: 2013, un año de represión



En España las protestas ciudadanas contra las políticas de recortes del PP se han repetido en los últimos meses y cada vez con mayor fuerza y unión popular. Unas manifestaciones que no gustan al gobierno de Rajoy y que como respuesta han tenido el anuncio de la Ley de Seguridad Ciudadana donde se intenta limitar, prohibir y criminalizar las protestas en las calles. En la última sesión de control de este año  IU ha pedido la dimisión de Rajoy y su gobierno y el PSOE mantiene que si llega al poder derogará esta ley.

Desde Jueces para la Democracia,  Begoña López Anguita resalta que  "el derecho de reunión y de manifestación es un derecho fundamental y necesario en cualquier país democrático. Es un cauce de participación de los ciudadanos porque no es suficiente ir a votar cada cuatro años". Ramón Walsh, de la Coordinadora 25 S, redunda en este punto y mantiene que "el Gobierno quiere evitar cualquier tipo de protesta" y que hoy en día podemos hablar de "una dictadura parlamentaria". Además subraya que "el gobierno del PP está construyendo un entramado legal para criminalizar cualquier tipo de disidencia, incluso las comunicaciones a través de las redes sociales".

La última manifestación con la convocatoria Rodea el Congreso terminó con 7 detenidos, 23 heridos  y cerca de medio centenar identificados. Pero el ministro del Interior sigue ignorando la calle y sus protestas, asegura que la nueva Ley es más garantista y anuncia la compra de un camión con chorros de agua para "garantizar las libertades".
La dirección autoritaria de gobiernos como los de Reino Unido y España en los últimos meses con leyes antiprotestas ciudadanas dejan claro que 2013 podría ser considerado como el año de la represión gubernamental.

"Pero todavía nos queda el Tribunal Constitucional para apelar y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos -explica López Anguita- y el Comisario Europeo de Derechos Humanos ya da dado un toque de atención al gobierno en este sentido". Además Walsh deja claro que las protestas no van a parar y que hay que frenar el PP  "porque una vez que se instalan las prácticas fascistas luego es muy difícil quitarlas".

lunes, 25 de noviembre de 2013

España: movimientos sociales y ciudadanos se unen en protesta contra las políticas y recortes antisociales del PP



Más de 60 manifestaciones han recorrido las calles de toda España este fin de semana contra el gobierno de Mariano Rajoy.  La convocatoria ha sumado las voces de distintos colectivos y reclamaciones desde la Marea Blanca y la Marea Verde, pasando por distintas plataformas y movimientos sociales en contra de los recortes y  las políticas antisociales del PP.  

Joaquín Mulén entrevista en el plató de Enfoque a Jorge Rochet, economista y miembro del Partido Comunista de España,  y al portavoz de Democracia Real YA!, Kike Castelló, para analizar el alcance de esta protesta ciudadana y la postura del Partido Popular en el ecuador de esta legislatura. Rochet apunta a la indignación de los ciudadanos a quienes "no les convencen los recortes, porque no son para todos, para los amigos del Gobierno y las élites no hay recortes. Y no sólo eso, sino que además se les da ayudas como es el caso de los bancos". Castelló aborda también este punto y resalta que  "hubo mucha gente en la calle para poner el dedo acusador sobre los que han sido los culpables de la crisis: la banca, que con su codicia ha llevado a la pobreza a muchos ciudadanos".

Sobre las inminentes leyes de Seguridad Ciudadana y de Servicios Mínimos que el gobierno plantea sacar adelante Rochet destaca que "la intención de coartar el derecho de manifestación es real y va en contra de las clases trabajadores que quieren protestar. La recuperación económica es una mentira. La gente no se lo va a creer y, como va a haber más protestas en el futuro, el gobierno intenta acallarles".

El Comité Ejecutivo del PP se ha reunido este lunes para analizar los dos primeros años de legislatura y las reformas abordadas y futuras. En estos dos años la crisis con sus recortes y Bárcenas con la financiación del PP han sido protagonistas.  Tras la reunión,  la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, se ha limitado a difundir la versión oficial del partido después de que el juez Ruz confirmara la existencia de una "contabilidad paralela o B" al margen de la oficial del Partido Popular entre los años 2005 y 2011. Cospedal mantiene que sólo hay una contabilidad y que "los papeles o cuentas de otros serán de otros", sin nombrar a Luis Bárcenas, pero en alusión directa al extesorero popular.

Sobre este tema y los últimos datos de la investigación judicial Castelló,  portavoz de Democracia Real YA! es claro: "les han pillado con las manos en la harina. El problema del PP es de legitimidad. Ellos no pagan impuestos, reciben subvenciones en dinero B, reciben sobornos para adjudicar obras públicas a los amigos". Y continúa Castelló,  "es una política de “colegueo” y no tienen legitimidad para pedir sacrificios a los ciudadanos. Los políticos del PP deberían dimitir y convocar elecciones anticipadas". Jorge Rochet califica de "surrealista que el presidente el PP, Rajoy, diga que no sabía lo que estaba haciendo su extesorero" y concluye "viendo el dinero que daban  las empresas en sobornos, vemos quién manda realmente en España".


Con la vista puesta en las próximas elecciones europeas de 2014, Kike Castelló vaticina "una debacle para los dos partidos mayoritarios porque las europeas son la primera oportunidad que tiene la población de expresar su descontento. Habrá gran abstención y subirán los partidos alternativos". Por su parte, Jorge Rochet defiende que "el bipartidismo vigente desde la transición está en crisis y la gente se ha dado cuenta" y apuesta porque la "alternativa pasa por romper la fuerza de los partidos y crear una fuerza social en las calles".

viernes, 22 de noviembre de 2013

España: una ley mordaza para intentar acallar la calle


Cuando alguien no quiere escuchar puede taparse los oídos, o callar la boca de quien habla. Esto último parece ser la opción de Rajoy y su Ley de Seguridad Ciudadana: un texto redactado en paralelo a la reforma del Código Penal con el que el Gobierno quiere acabar con las protestas ciudadanas, la grabación de excesos policiales y otras realidades que restan credibilidad al Ejecutivo y a su política de recortes.

La oposición ha lanzado el grito al cielo ante un proyecto que es en realidad una "ley mordaza" para acallar las críticas y protestas sociales contra el gobierno de Rajoy.  Ramón Linaza, de Equo, destaca que "el nombre de la ley debería ser Ley de Represión Ciudadana" y que "muchas personas van a ser sancionadas por ejercer la libertad de expresión".

También coincide Lorena Müller-Nischt, de ¡Democracia Real YA!, en esta idea de que "la ley vulnera derechos fundamentales como la libertad de manifestación y la de información" y califica al Ejecutivo de "gobierno dictatorial". Añade Müller-Nischt que esta amenaza contra la libertad de expresión es un auténtico "manotazo de quien está desesperado porque no tiene razón" y eso muestra que "el Gobierno está en las últimas."

La Ley de Seguridad Ciudadana prevé multas de hasta 600.000 euros para acciones como la grabación y difusión de imágenes de agentes de seguridad, también recoge multas para los que convoquen, dirijan y participen en concentraciones sin autorización, además la policía podrá inmovilizar a cualquier ciudadano hasta que compruebe su identidad. Distintas voces hablan de una auténtica vuelta a la dictadura franquista y sus normas. "Las elites querrán dominar al pueblo y la única respuesta -defiende Ramón Linaza- es persistir, llenar calles con Asambleas, convocar manifestaciones e incluso interponer recursos judiciales." "Y -añade el co-portavoz de Equo- "si es necesario, habrá que acudir al Tribunal de Estrasburgo".

Si el gobierno de Rajoy pretende acallar la voz de la calle con esta Ley este sábado 23 de noviembre la movilización ciudadana puede mostrar hasta dónde llega la indignación en España. Linaza invita a "llenar las calles con el activismo, la rebeldía de la juventud y la participación de todos los sectores sociales" junto a  Müller-Nischt que deja claro que los ciudadanos "solo pedimos democracia" y "estaremos este sábado en la calle contra la banca, a favor de los servicios públicos y de los ciudadanos".