Desde Jueces para la Democracia, Begoña López Anguita resalta que "el derecho de reunión y de manifestación es un derecho fundamental y necesario en cualquier país democrático. Es un cauce de participación de los ciudadanos porque no es suficiente ir a votar cada cuatro años". Ramón Walsh, de la Coordinadora 25 S, redunda en este punto y mantiene que "el Gobierno quiere evitar cualquier tipo de protesta" y que hoy en día podemos hablar de "una dictadura parlamentaria". Además subraya que "el gobierno del PP está construyendo un entramado legal para criminalizar cualquier tipo de disidencia, incluso las comunicaciones a través de las redes sociales".
La última manifestación con la convocatoria Rodea el Congreso terminó con 7 detenidos, 23 heridos y cerca de medio centenar identificados. Pero el ministro del Interior sigue ignorando la calle y sus protestas, asegura que la nueva Ley es más garantista y anuncia la compra de un camión con chorros de agua para "garantizar las libertades".
La dirección autoritaria de gobiernos como los de Reino Unido y España en los últimos meses con leyes antiprotestas ciudadanas dejan claro que 2013 podría ser considerado como el año de la represión gubernamental.
"Pero todavía nos queda el Tribunal Constitucional para apelar y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos -explica López Anguita- y el Comisario Europeo de Derechos Humanos ya da dado un toque de atención al gobierno en este sentido". Además Walsh deja claro que las protestas no van a parar y que hay que frenar el PP "porque una vez que se instalan las prácticas fascistas luego es muy difícil quitarlas".
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